Diagnostico y plan de participación ciudadana
El fomento de la participación ciudadana es una obligación
como derecho reconocido en el marco jurídico y una necesidad para nuestros
gobiernos. Así, en estos últimos años emerge con fuerza en un contexto político
y social complejo donde los retos sociales requieren no sólo de políticas
públicas para la ciudadanía sino de la implicación activa de la misma en su diseño
e implantación.
No es menos cierto que todo esto surge en un contexto social
donde los políticos y la política sufren un descrédito importante por parte de
la ciudadanía y buscan su legitimidad de la llamada crisis de la democracia
representativa. Pero no es menos cierto tampoco que la participación ciudadana
no viene sólo a legitimar la acción de
gobierno municipal sino que la perspectiva relacional y el ejercicio de la
participación ciudadana en nuestros ayuntamientos es elemento clave para
conectar la acción de gobiernos con las necesidades de las personas y facilitar
la eficacia de las políticas.
De este modo, la participación ciudadana es una pieza
fundamental del sistema democrático. Sin participación no puede haber
democracia. La evolución del
ejercicio de ese
derecho nos enseña que la participación es necesaria en
nuestras sociedades complejas donde los retos de la
interculturalidad, sostenibilidad integración y cohesión social solamente serán
posibles en la medida de una mayor
participación y corresponsabilidad de todos. Las administraciones locales son
las más próximas al ciudadano y los ayuntamientos de muchas ciudades españolas
están impulsando, promoviendo e innovando en la participación ciudadana
convencidos de que una buena acción de
gobierno pasa por la implicación de la ciudadanía en los proyectos que afectan
al presente y futuro de sus ciudades.
Es necesario seguir impulsando desde el gobierno municipal
la participación ciudadana pero dando saltos cualitativos en esta materia, con
decisión y liderazgo. Siguiendo las
recomendaciones de la
Agenda Local para la participación, una acción de gobierno
orientada a la construcción de relaciones de confianza que faciliten la
convivencia, diálogo, respeto a la diferencia y permitan las aportaciones de
todas las visiones existentes en la ciudadanía.
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